El gobierno de Ohio aprobó una ley que refuerza la verificación de elegibilidad laboral en proyectos de construcción no residencial. Firmada el 19 de diciembre de 2025, la norma entra en vigor el 19 de marzo de 2026 y exige en muchos casos el uso del sistema federal E‑Verify para nuevos ingresos en obras que no sean de uso residencial.
El alcance incluye obras públicas y privadas de infraestructura y edificación no residencial: construcción o renovación de edificios comerciales, carreteras, puentes, servicios públicos y obras relacionadas. Quedan fuera ciertos proyectos estrictamente residenciales, como viviendas prefabricadas o casas manufacturadas, según la excepción prevista en la ley.
Las empresas sujetas a la norma —sin distinción de tamaño— y sus subcontratistas o brokers deberán iniciar un caso en E‑Verify para cada contratación nueva, salvo cuando el trabajador ya haya sido verificado previamente y no necesite otra revisión. Además, la ley exige mantener registros detallados vinculados al proceso de verificación.
Importante: el uso de E‑Verify no sustituye la obligación federal de completar y conservar el formulario I‑9. Los empleadores deben seguir cumpliendo con las reglas federales de verificación de empleo además de los nuevos requisitos estatales.
La ley contempla consecuencias claras por incumplimiento: multas administrativas de hasta 1.500 USD por no crear un caso en E‑Verify y hasta 25.000 USD si la empresa continúa empleando a una persona sin autorización válida. También puede haber exclusión de licitaciones y contratos estatales por hasta dos años, y en casos extremos la revocación permanente de la licencia comercial si se demuestra empleo consciente de personas no autorizadas.
La aplicación y el inicio de acciones de cumplimiento quedarán a discreción del Fiscal General de Ohio, que determinará cómo y cuándo ejecutar la fiscalización.
Qué deben hacer las empresas ahora: realizar una auditoría de sus procesos de contratación y cadena de subcontratación; integrar E‑Verify en los flujos de recursos humanos y en el onboarding; garantizar la conservación y accesibilidad de I‑9 y otros registros; incluir cláusulas de cumplimiento en contratos con subcontratistas y brokers; y formar al personal responsable para evitar errores procesales.
Para minimizar riesgos operativos y comerciales conviene además evaluar herramientas tecnológicas que automaticen la creación de casos E‑Verify y la gestión de I‑9, y coordinar con asesores legales laborales antes de presentar ofertas a proyectos estatales o modificar plantillas contractuales.
